Sesión Plenaria - 22 de septiembre de 2015
El pasado martes 15 de septiembre de 2015 fue capturado el reconocido líder indígena Feliciano Valencia, tras conocerse una sentencia del Tribunal Superior del Cauca que revocó un fallo de absolución de primera instancia y que lo condenó a 18 años de prisión.
Los hechos que dieron lugar a la condena se remontan a la Minga Social Indígena del 2008, en la que los pueblos indígenas se movilizaron para protestar, legítimamente, contra graves violaciones de sus derechos y contra el incumplimiento de acuerdos por parte del Gobierno.
En desarrollo de las jornadas de protesta, los pueblos indígenas del Cauca hicieron uso de su derecho a la autonomía y pusieron en marcha la jurisdicción especial indígena, aquella que viene siendo aplicada desde hace más de 500 años y que solo en 1991 tuvo reconocimiento formal en la Constitución de 1991.
La presencia de un suboficial de la Brigada Móvil No. 2 del batallón de Contraguerrilla No. 15 en tierras indígenas alertó a las comunidades, quienes consideraron que el soldado tenía el propósito de infiltrar la movilización indígena para perjudicar sus legítimos reclamos. Por ello, en el Resguardo La María y luego de que la Guardia Indígena capturara al suboficial y lo condujera ante las autoridades indígenas competentes, la comunidad y la Asamblea General del pueblo Nasa emitieron su condena con base en su derecho propio.
Desde la justicia ordinaria se consideró que Feliciano había cometido el delito de secuestro y de lesiones personales, nombres que pretenden calificar, con un lenguaje jurídico ajeno a los pueblos indígenas, acciones de captura y de condena emitidas por autoridades que constitucionalmente están facultadas para impartir justicia en sus territorios, tal como lo hizo el pueblo Nasa en este caso
Por lo anterior, los pueblos indígenas del Cauca y de todo el país han considerado este hecho como una violación flagrante de sus derechos constitucionales, reconocidos incluso a nivel internacional.
Recordemos que la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce, en sus artículos cuarto y quinto, el derecho a de estos pueblos a la libre determinación, a la autonomía y al autogobierno, así como a conservar y reforzar sus instituciones políticas y jurídicas.
En ese orden, considero que la condena al líder indígena Feliciano Valencia es abiertamente contraria al ordenamiento jurídico colombiano y que puede sentar un peligroso precedente de desconocimiento de principios constitucionales básicos como la diversidad étnica y cultural de la Nación, el reconocimiento de la jurisdicción especial indígena, las entidades territoriales propias y el autogobierno de esos pueblos.
Por estas razones, el conjunto del movimiento social y popular ha expresado su rechazo a tan arbitraria condena, pues el mensaje detrás de la misma no solo está dirigido a los pueblos indígenas y al grave desconocimiento de sus derechos; también está dirigido a todo el movimiento popular que se ha venido movilizando y cuya protesta también ha sido criminalizada.
Preocupa profundamente que el Ministro de Agricultura celebre la captura de Feliciano diciendo que “es una buena noticia para el departamento”, como lo mencionó en este recinto, pues parece indicar que sectores del gobierno nacional comparten la persecución de la protesta social y el encarcelamiento de sus principales líderes.
Rechazo la captura de Feliciano Valencia pues considero que es contraria a la constitución, exijo garantías en su proceso y espero que cese la creciente persecución contra el movimiento social colombiano.
Alberto Castilla Salazar
Senador de la República
Polo Democrático Alternativo
